En defensa del Perú bicentenario

Palacio de Gobierno, Lima. (Imagen de Wikipedia)

En su primer mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo Terrones anunció que insistirá en convocar una Asamblea Constituyente, mientras que su partido Perú Libre también confirmó que presentará un proyecto de reforma constitucional orientado a elaborar una nueva Constitución Política del Perú. 

A mediados del mes de julio el virtual Premio Nobel de Economía, Hernando de Soto, señaló a través de una carta abierta a Pedro Castillo que tiene que desistir de su propuesta de una Asamblea Constituyente que sería un “caballo de Troya” para instalar un régimen marxista-leninista. Además de su propuesta radical de cambiar la Constitución. “(…) Yo le anticipé que no era improbable que se active de una forma u otra el principio de la llamada responsabilidad de proteger”, señala De Soto en su documento. 

Y en la sexta prueba del escrito concluye que las treinta (30) metas del programa de gobierno de Perú Libre y los cuatro procesos estratégicos que necesita para su implementación, “no requieren salir del marco de la constitución actual”. 

Cabe señalar que el día viernes treinta de julio la Fiscalía de la Nación (FN) pidió que se revoque una orden de cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) y seencarcele al secretario general y fundador del partido gobernante Perú Libre, Vladimir Cerrón, según informó el Ministerio Público. 

El pedido fue presentado a la par de solicitud de ampliación de investigación preparatoria contra Cerrón Rojas por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, por el caso “Los Dinámicos del Centro”. 

Cerrón es un médico que fundó y lidera el partido que integra el presidente del Perú, Pedro Castillo; cumple actualmente una condena por la comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de negociación incompatible. 

Según la hipótesis fiscal, Los dinámicos del centro estuvo integrada por dirigentes dePerú Libre y habría direccionado la contratación de personal en el Gobierno Regional de Junín para recaudar dinero a través del cobro de cupos y tráfico de licencias de conducir y así financiar las actividades proselitistas del partido. 

En el mes de abril publiqué el artículo “Bicentenario del Perú: buscando el rumbo”, señalando sobre la política peruana: “No tenemos en el Perú una clase política queentienda que el servicio al país es lo primero. Y muchos que se autoproclaman ‘outsiders’, sólo buscan acumular dinero y poder, lanzándose a la arena política ya sea mediante la candidatura a una alcaldía, gobernación regional, Congreso de la República o a la presidencia del Perú”. 

Debemos considerar que el lunes dos de julio la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (CSJR) declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Cerrón Rojas contra la sentencia en su contra por el delito de corrupción delfuncionario. 

La Sala Penal de Apelaciones en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín declaró nula la resolución de la jueza July Baldeón con la que fue rechazada la solicitud de prisión preventiva que la fiscalía presentó contra veinte investigados por el caso “Los Dinámicos del Centro”. 

Tras ello, se conoció que la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista a cargo de la investigación del caso incluirá a Cerrón en la nueva solicitud de prisión preventiva, que será presentada en los próximos días al Poder Judicial. 

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) cayó 5,8% al cierre de las cotizaciones de este viernes (30 jul. 2021), mientras que el índice selectivo disminuyó en 4,8%. Además de una caída de 16% para el grupo empresarial y financiero más importante del Perú, Credicorp. Esta jornada se amplió para la moneda del Perú en el primer día útil del sistema financiero local, tras la asunción al Poder Ejecutivo delpresidente izquierdista Pedro Castillo. 

Asimismo el nombramiento del nuevo gabinete ministerial generó preocupación en el mercado peruano, lo que impulsó el alza del dólar a S/ 4, el desplome de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la caída de los bonos peruanos durante la semana pasada. 

La Defensoría del Pueblo remitió este miércoles una carta al presidente Pedro Castillo Terrones para pedirle que «revalúe» y «corrija» la composición de su gabinete ministerial. 

En conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, lamentó que Castillo haya obviado ciertos estándares y filtros de ética pública que considera ineludibles para designar a su equipo ministerial. 

Gutiérrez realizó una crítica sobre incumplir los principios constitucionales que rigen la función pública, en especial el compromiso con los derechos fundamentales, la lucha contra la corrupción y el combate contra el terrorismo. 

La Conferencia Episcopal Peruana, literalmente “Conferencia de los Obispos del Perú” a través de la Iglesia exhorta a defender la democracia en el Bicentenario de la Independencia. Si construir una nación libre y soberana fue la motivación de quienes vieron la urgencia de forjar el propio futuro como nación, sin embargo, hoy por hoy la prioridad es “defender con firmeza la institucionalidad democrática”. 

Luchemos contra la corrupción en el Perú. 
Fuente: Agencia Internacional de Prensa Pressenza (06/08/2021)

“Ciudadano Kane”; una metáfora de la prensa y el poder en el Perú

Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) del cineasta estadounidense Orson Welles –considerada como una de las películas más importantes en la historia de la cinematografía– ha sido interpretada como una metáfora de la condición humana, de la sociedad moderna y del poder, donde el dinero y la manipulación de los demás son parte de la vida cotidiana.

Aunque el director jamás confirmó absolutamente quién fue la persona de la vida real que inspiró al personaje principal del film –el millonario Charles Foster Kane–, los estudiosos de la cinematografía y la historia contemporánea coinciden en señalar que la película se inspira en la vida del magnate norteamericano de los medios de comunicación William Randolph Hearst.

En efecto, Ciudadano Kane, usando de manera magistral todas las técnicas cinematográficas y combinándolas con un guión notable, muestra la vida, el ascenso a la fama y el poder, la soledad y la miseria de un ser humano que llegó a tener todo el poder y el dinero que nadie puede imaginar, pero que termina su vida lejos los flashes y aplausos de aquel mundo fastuoso, encerrado en su cubil, en medio de la bancarrota y la pobreza total, añorando quizás los días y los juegos de su infancia.

La trama de la película muestra la biografía de Charles Foster Kane, un personaje interpretado en el filme por el propio Orson Welles, Se sabe que durante su estreno, el empresario William Randolph Hearst prohibió mencionar la película en sus periódicos, mostrando que para entonces ya era común dicha práctica por parte de los empresarios para intervenir o influenciar en el contenido de los periódicos que maneja y, por ende, en la opinión pública.

El personaje de la película, también usa su cadena de periódicos para influenciar en los electores de su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Lo vemos ahora en el Perú, donde grandes grupos que manejan periódicos y canales de radio, televisión e internet, colocan a sus candidatos preferidos e intentan hundir a los que no son de su entorno.

Es una práctica muy presente en medios de comunicación, especialmente la prensa escrita en el Perú, ligada a la desinformación y la manipulación de la información, donde los empresarios deciden qué se publica y qué no se publica en un periódico, de acuerdo a sus intereses personales, olvidando inclusive que un medio de comunicación tiene el deber de informar con veracidad, objetividad e imparcialidad, y que su principal destinatario, el público (los lectores) tienen el derecho a leer noticias y opiniones veraces, trascendentes.

Más allá de la ficción de Orson Welles, observo semejanzas con la realidad peruana, donde los dueños de los medios de comunicación utilizan su poder sobre estos para elegir cuáles contenidos son “noticia”, qué enfoque deben tener las informaciones, qué informaciones serán omitidas o manipuladas, qué “campañas” periodísticas hay que hacer para favorecer o desprestigiar a alguna persona o algún sector de la sociedad.

En este caso, cualquier parecido con la realidad no es una simple coincidencia.

EXPRESO, 22.03.2021

Elecciones en el Perú: reflejo del desinterés ciudadano

El 11 de abril, los peruanos elegimos al próximo presidente de la República y Parlamento, pero la aceptación de los candidatos es mínima según las últimas encuestas. Podemos decir que en primer lugar, se ubica el desinterés del electorado. ¿Por qué?

A menos de un mes de las elecciones generales, la encuesta publicada por Ipsos Perú revela que el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, obtiene un 16% de apoyo del electorado. La particularidad, ahora, es que los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con más del 30%. ¿Por qué la desidia invade la intención del electorado? ¿Se debe esto al abanico de dieciocho (18) candidatos?

El primer simulacro de votación realizado por Ipsos para las elecciones generales, con cédula de votación y ánfora, refleja lo siguiente: Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, se ubica en el primer lugar de las preferencias con 16.8%. Detrás del excongresista, aparecen George Forsyth, de Victoria Nacional (11.2%), seguido de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (9.3%), quien ha crecido rápidamente.

Debemos señalar que en la última encuesta realizada por IDICE, publicada el último viernes, los candidatos Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano aparecen prácticamente con un empate técnico, 11.4% y 11.3% correspondientemente. Luego se ubican Keiko Fujimori, César Acuña y George Forsyht con alrededor de 7%.

En otro sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que refleja tendencias similares, se indicó que tenemos un 31 % de indecisos. El país se ubica así en un terreno incierto, debido a que nunca antes se registró una intención de voto para elecciones presidenciales tan baja, a pocas semanas de los comicios. En marzo de 2016, los dos candidatos a la presidencia que lideraban las encuestas, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, acumulaban el 46 %, casi el doble de lo que obtienen los dos primeros lugares en los sondeos actuales. Paradójicamente, ambos políticos son procesados por delitos de corrupción.

«En primer lugar, esto se debe a la desconfianza que genera la representación política. Han ocurrido varios episodios recientes: en noviembre, Manuel Merino tomó la presidencia, lo que provocó movilizaciones nacionales; en febrero estalló el escándalo del ‘vacunagate’, por la vacunación irregular de políticos y gente de poder. El segundo factor es la ausencia de liderazgos políticos definidos, que surjan de organizaciones políticas con una base social”, explicó Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia de Perú y politóloga.

También debemos entender que el pueblo está ocupado en atender la crisis sanitaria y socioeconómica causada por la pandemia de coronavirus. Además otro factor es que Perú, en América Latina, es el país que menos confía en sus instituciones. Por ejemplo, siete de cada diez peruanos no confía en el Parlamento. Ante esta situación de desconfianza generalizada los ciudadanos no muestran interés por lo que ocurre dentro de la crisis política que nos encontramos viviendo.

En mi artículo “La corrupción bajo el manto del escándalo” publicado en septiembre del año pasado, señalé que en medio de la pandemia de coronavirus: “La ciudadanía percibe que los problemas más fuertes de la actualidad son la delincuencia y la corrupción (…). Según un informe de Proética, las instituciones consideradas más corruptas por la población son: el Congreso y los partidos políticos, precisamente quienes tienen las riendas del poder”.

Por su parte, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, cree también que el desinterés es propio de una elección en medio de una pandemia con crisis económica: «En ninguna parte del mundo, en épocas de elecciones con pandemia, las elecciones han concitado interés. Pero esto no quiere decir que la gente no vaya a votar el 11 abril. Probablemente vaya a votar la mayoría de gente, porque el voto en Perú es obligatorio y porque el interés crece conforme se acerca la elección», prevé.

La Asociación Civil Transparencia realizó en noviembre pasado, con la colaboración del IEP y de Idea Internacional, una encuesta para consultar a los peruanos cuáles eran los temas que debían tratarse en las elecciones. Los temas que priorizaron los encuestados fueron educación, salud y empleo o reactivación económica. Sin embargo, «los candidatos no necesariamente están hablando de estos temas que preocupan a la gente. De ese modo, no los involucran en un diálogo de cara a los comicios», señala la representante de Transparencia.

Para el resto de candidatos, Tuesta no ve muchas posibilidades: «Esto tiene que ver con cómo se han ido posicionando los candidatos. No hay posibilidad de que surja un ‘outsider’. Ahora ya entramos en la recta final».

«La ventaja de Forsyth es que no tiene la resistencia o rechazo de los otros tres que le siguen, López Aliaga, Fujimori y Mendoza. Por lo tanto, sería el más competitivo frente a Lescano en segunda vuelta», resalta Tuesta. Según Ipsos, el 70 % de los peruanos definitivamente no votaría por Keiko Fujimori y un 53 % tampoco lo haría por Verónika Mendoza. El antivoto en el caso de Rafael López Aliaga es 42% y el de George Forsyth es de 36%.

«Creo que ahora hay que mantener la calma y llamar a la ciudadanía a votar y a evaluar el desempeño de los candidatos en campaña para formarse una opinión propia e informarse bien sobre sus planes de Gobierno», pide la presidenta de Transparencia, quien recuerda que alrededor del 25% de los peruanos decide su voto en la fila, el mismo día de la votación.

Tomemos conciencia de nuestro voto en las elecciones del 11 de abril y será el primer paso para hacer el verdadero cambio en el país. 

Lima Gris, 21-03-2021

Una receta para la integridad y buen gobierno en el Perú

La lucha contra la corrupción no sólo se debe dar en el ámbito judicial, penal o desde la perspectiva de la criminalística. El problema es grave en el Perú, pero ya empiezan a darse otras miradas para buscar soluciones.

A través del blog #ProyectoKhipu (https://tinyurl.com/bsa9rda8) nos hemos enterado de una buena noticia: los profesores universitarios y abogados Martha Bringas Gómez y Mirko Maldonado-Meléndez presentan el libro La Integridad, el buen gobierno y la buena administración en las contrataciones del Estado: Manual para funcionarios y servidores del Estado (Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2021).

«La cuestionada compra de las vacunas a la empresa china Sinopharm y la vacunación secreta por parte de ciertos funcionarios al servicio del Estado, ha producido un terremoto en el escenario político y serios cuestionamientos a la integridad en el manejo de las compras públicas y las contrataciones del Estado. Es en este contexto en que aparece la obra», expresan los autores de la publicación, que apunta a brindar pautas para que los funcionarios públicos actúen dentro del marco ético y legal.

Tal como dice la reseña, “el mérito de la obra es haber sido creada en plena pandemia, a la luz de una reflexión sobre las actuaciones al interior de las administraciones públicas durante los estados de emergencia en aspectos tan fundamentales como la ética, la integridad y la contratación pública”.

Me parece muy oportuno que este manual tenga un esquema práctico y funcional de consulta para cualquier funcionario o servidor público. Es un gran aporte -dentro de un contexto de anormalidad-, pues constituye un argumento ético para la actuación de servidores y funcionarios bajo los preceptos constitucionales del buen gobierno y buena administración.

La presente obra cuenta con el prólogo del profesor español Dr. H.C.: Jaime F. Rodríguez-Arana Muñoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Da Coruña – España, quien no sólo reconoce la calidad de la obra sino el abordaje que realizan los autores en tan espinoso tema, en el que cobran vital importancia sino que va asociada principios jurídicos administrativos como: celeridad, eficiencia, economía, objetividad y eficacia. Además, la publicación está acompañada de una presentación realizada por el profesor brasileño Rafael Valim de la Universidad de Sao Paulo.

Espero que este libro tenga la difusión que se merece.

EXPRESO, 15.03.2021

Corrupción y campaña política en el Perú

En el Perú ante la crisis política endémica y lo cambiante del escenario electoral, cualquier cosa puede pasar, incluso el mismo día de las elecciones generales. Esta teoría se sustenta en hechos: ocurrió con Alan García en 2001, cuando sorpresivamente pasó a segunda vuelta, y también en 2016, año en que Keiko Fujimori tuvo la Presidencia en sus manos, pero terminó perdiendo por 41, 057 votos ante Pedro Pablo Kuczynski.

Las elecciones en el país suelen ser un dolor de cabeza para analistas y encuestadores, polarizan al país y finalmente el ganador provoca más dudas que certezas. Tal como ha ocurrido en otras contiendas, esta vez la campaña ha sido volátil, repleta de polémicas y, por supuesto, altísima incertidumbre.

De hecho, de acuerdo con una encuesta de Datum conocida días atrás, el 19% asegura que no irá a votar, mientras que el 45% dijo que aún está pensando a quién apoyará. Esta vez se presentan nada menos que dieciocho (18) candidatos.

“Esta elección es más rara que las anteriores, porque hemos cambiado de líder más rápido que nunca y hemos tenido un quinquenio cortado: hemos tenido a Kuczynski, a Vizcarra, a Merino y a Sagasti. En medio, hemos tenido la pandemia y en eso los peruanos hemos dejado a la política de lado. El gran ganador por ahora es el voto indeciso, que está cerca del 40%.”, explicó la periodista y analista Paola Ugaz.

Según la encuesta de Datum, el candidato de Acción Popular Yonhy Lescano aparece como favorito con una intención de voto que oscila entre un 10% y 13%. Más atrás, en un empate técnico, con un 7% de respaldo, figuran Rafael López Aliaga, el exarquero George Forsyth y Keiko Fujimori. Un poco más atrás los candidatos Verónika Mendoza (6%) y Hernando de Soto (5%).

Debemos señalar que según la más reciente encuesta de CIT, el candidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga cuenta con una intención de voto de 12%. Mientras que George Forsyth, Keiko Fujimori y el economista Hernando de Soto obtienen alrededor de 8%. Los candidatos que representan un crecimiento según la encuestadora son el empresario Rafael López Aliaga y el economista Hernando de Soto.

Hoy día se presentó el primer simulacro de votación realizado por Ipsos Perú para las elecciones generales del 11 de abril, con cédula de votación y ánfora, para garantizar el anonimato. Los resultados arrojan que Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, se consolida en el primer lugar de las preferencias con 16.8%. Detrás del excongresista, la pelea aún permanece: George Forsyth, de Victoria Nacional (11.2%), está en segundo lugar, seguido de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (9.3%), quien ha crecido rápidamente

“La gente está más dispuesta a votar por posturas radicales”, sentenció el encuestador Alfredo Torres en una entrevista, dando cuenta de las particularidades de esta elección.

En la misma línea, el director de la encuestadora Vox Populi, Luis Benavente, indicó que actualmente “hay una fuerte demanda de cambio. Pero el agotamiento del sistema político con la corrupción, la mala gestión de la pandemia, los continuos escándalos, la crisis política de noviembre, ha generado una demanda de cambio”.

A un mes de las elecciones, no hay candidatos favoritos para ganar la Presidencia de la República entre la veintena de aspirantes en campaña, lo que eleva la incertidumbre en medio de la crisis política, social y sanitaria por el coronavirus.

La indecisión de los electores se refleja en todos los sondeos, donde el porcentaje de quienes no saben por quién votar lidera por amplio margen, muy por encima de cualquier postulante.

En este escenario debemos entender que el Perú está signado por la corrupción sistemática. Esto se refleja en la reciente investigación al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por presuntamente recibir sobornos de empresas constructoras que suman 647, 000 dólares entre 2013 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua. La Fiscalía de la Nación pidió este viernes (12 mar. 2021) 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Vizcarra (2018-2020).

La medida fue solicitada por el fiscal anticorrupción Germán Juárez Atoche ante la jueza María de los Ángeles Álvarez, quien deberá tomar una decisión sobre ese asunto. El fiscal Juárez Atoche, que integra el equipo que investiga el caso Lava Jato abrió en octubre pasado una investigación preliminar contra Vizcarra, quien por entonces era presidente del país, por la presunta comisión de los delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado.

La Fiscalía de la Nación pidió 30 años y 10 meses de prisión el jueves once (11) de marzo para la candidata presidencial Keiko Fujimori, a quien acusa del delito de lavado de activos por presuntamente recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016, tras concluir veintiocho (28) meses de investigación.

«El fiscal José Domingo Pérez presentará acusación contra Keiko Fujimori y otras 40 personas por presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo», anunció el Ministerio Público.

Además, el fiscal Pérez solicitó que el partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, sea disuelto en caso que un tribunal condene a la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). La fiscalía obtuvo a finales de 2019 una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien habría confirmado el aporte de un millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.    

Como sostengo en mi artículo “Estado y criminalidad en el Perú”, “(…) el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional”.

Hagamos un llamado a la población para emitir un voto consciente e informado con el fin de salvaguardar la soberanía, independencia y seguridad del Estado.

Lima Gris, 14-03-2021

Demoler la cultura de la subcultura

El caso fue destapado por el portal de periodismo de investigación «La Abeja» (www.laabeja.pe) quien denunció públicamente que luego de la revisión somera de los beneficiarios de los Apoyos Covid del Ministerio de Cultura, se identificaron a organizaciones que “no cumplirían con los requisitos señalados en las bases de postulación».

En otras palabras, de acuerdo a esta pesquisa, los burócratas del Ministerio de Cultura habrían entregado «apoyos económicos» a entidades que no lo merecían (Ver la lista en: https://tinyurl.com/nzrjum5p).

De acuerdo a lo señalado por La Abeja (que dirige el periodista Luciano Revoredo), durante el gobierno de Vizcarra se aprobó el Decreto de Urgencia Nº 058-2020 para el otorgamiento de Apoyos Económicos conducentes a crear los mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector cultura producidos en el contexto de la emergencia sanitaria por la covid-19.

La mencionada norma señalaba que su finalidad era mitigar los efectos socioeconómicos originados en las Industrias Culturales, las Artes, así como en las expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial y afines por la pandemia y en el artículo cuarto autorizaba una transferencia de cincuenta millones de soles para este fin.

Según las bases de postulación, en el numeral 4.1.-De los Requisitos menciona: “(…) Los trabajadores culturales independientes y las organizaciones antes mencionadas (a. b. y c.) deberán evidenciar como mínimo, que han venido realizando actividades culturales durante el periodo de un año previo al 16 de marzo de 2020 (fecha de la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional).”.

«Se entiende que deben acreditar experiencia y trayectoria como mínimo entre el 16 de marzo del 2019 y el 16 de marzo del 2020, es decir, las instituciones que hayan sido creadas, registrando inicio de actividades luego del 16 de marzo del 2019, no estarían calificadas a acceder a los beneficios económicos. Con mayor razón, aquellas instituciones, organizaciones y/o empresas que fueron constituidas legalmente con fecha posterior al 16 de marzo 2019 o se hayan constituido ‘oportunamente’ en el marco de la pandemia para postular a los apoyos económicos (agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020), no contarían con el sustento para justificar el tiempo mínimo de un año de trayectoria», señala La Abeja.

Luego de la revisión somera de los beneficiarios de los Apoyos Covid del Ministerio de Cultura, La Abeja identificó varias organizaciones que no merecían este financiamiento.

Y para ahondar en el drama, la semana pasada la cantante y exministra de Cultura, criticó que el Ministerio de Cultura premie con 75 mil soles la serie «Mi cuerpa, mis reglas», de la actriz Mayra Couto, y que tiene como fondo el pseudolenguaje inclusivo, que la propia Real Academia Española ha criticado, por ser innecesario.

Creemos que el Estado peruano debería atender otras necesidades urgentes. Y en materia de cultura, hay «muchísimo por hacer».

EXPRESO, 08.03.2021

Cronología de la covid-19 en el Perú: pandemia, recesión y crisis

El día de ayer sábado seis (06) de marzo se cumplió un año desde que se confirmó el primer caso positivo de la covid-19 en el Perú. El encargado de comunicar este primer reporte de coronavirus en el país fue el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, vacado por incapacidad moral permanente.

El primer caso de coronavirus se trataba de un hombre de veinticinco (25) años que luego de permanecer en los países de España, Francia y República Checa, se contagió de la enfermedad cuando en Europa el virus ya se expandía con rapidez.

Cinco días después de este primer reporte, el gobierno decretó emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días calendario debido a que el índice de contagios comenzó a aumentar. El 11 de marzo de 2020, ante la rápida y progresiva expansión de la epidemia a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió el estatus de epidemia a pandemia.

La cuarentena durante sus primeros meses fue rigurosa. Incluía el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y se extendió varios meses para luego modificarse en favor de la reactivación económica, debido a que las actividades comerciales, culturales y de servicios se vieron afectadas.

La pandemia ha impactado todos los aspectos de la vida social del país, creando una situación crítica tanto en el aspecto sanitario como económico. Y en consecuencia la crisis política con los importantes cambios de autoridades, consecutivamente tres (3) presidentes, además de varios ministros.

Durante los primeros cinco meses de la pandemia, fallecieron más de 20, 000 personas en todo el país, significando un duro impacto en la economía y centros de salud en los que no había espacio para un paciente más.

Sólo en los dos primeros meses de la pandemia de coronavirus la cantidad de fallecidos no fue contundente, el porcentaje de muertos estuvo en menos de 100 por día, pero en mayo de 2020 las cifras empezaron a incrementar drásticamente, siendo el promedio de muertos de 227 por cada día. Y el mes de junio fue el más mortal de la pandemia con 272 fallecidos por día en promedio, según la actualización del Centro de Control de Enfermedades.

La primera ola de coronavirus recién empezó a presentar un descenso importante en septiembre, cuando hubo un descenso del exceso de mortalidad en el Perú. Luis Suárez Ognio declaró en conferencia de prensa que en el país se reportaban 2 mil defunciones semanales, triplicándose en varias semanas.

El último trimestre presentó estadísticas más alentadoras que los períodos anteriores, pero la cantidad de muertos por mes no bajó de los 1, 500 y cerramos el año en más de 1, 600 fallecimientos en diciembre.

En el mes de enero del presente año, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número acumulado de casos positivos por la covid-19 en el país se elevó a 1′078, 675. Esto representó un nuevo repunte en los casos positivos y fallecidos, lo cual llevó a las autoridades a instaurar nuevas medidas sanitarias frente a la segunda ola de coronavirus.

Como advertí en mi artículo “El Perú ante una inminente segunda ola de Covid-19”, estábamos “(…) contra el tiempo ante una inminente segunda ola de contagios por Covid-19 en el Perú” y enfrentamos esta situación sin la implementación de la vacuna. Durante el mes de febrero, más de diez (10) regiones se ubicaron en el nivel de riesgo extremo y permanecieron en cuarentena para prevenir la expansión del virus.

Pese a las medidas de la cuarentena, las cifras del mes de febrero se ubican entre las peores desde el inicio de la pandemia de coronavirus en nuestro país. En este mes se produjeron 5, 504 muertes.

El Ministerio de Salud reporta que hasta el pasado miércoles tres (03) de marzo el número oficial de personas fallecidas por la covid-19 en el Perú es de 47, 306, pero si contabilizamos los 15, 058 casos sospechosos, el número total que arroja la vigilancia epidemiológica es de 69, 364 decesos.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), encargado de llevar el registro de los fallecimientos por cualquier causa en el Perú, sostiene que al cierre de febrero se produjeron 109, 943 muertes por el coronavirus.

Debemos tener en cuenta que este desfase en el número de fallecidos se debe a que el Sinadef considera además de los casos confirmados y sospechosos a toda persona desaparecida que cuente con un certificado médico de defunción que indique que el diagnóstico de COVID-19 es causa básica de la muerte.

Entre la crisis del Poder Ejecutivo y los cambios de ministros producidos por escándalos como el ‘Vacunagate’, se produce un contexto crítico en lo político y social. Actualmente las investigaciones del caso ‘Vacunagate’ vienen siendo llevadas a cabo por el Ministerio Público a través del despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.

En este contexto de crisis, el Banco central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la actividad económica en nuestro país ha venido recuperándose luego de la profunda contracción en el segundo trimestre ocasionada por las medidas de confinamiento frente al coronavirus. Esto significa que el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú registró una importante recuperación durante el cuarto trimestre de 2020.

Todos los peruanos tenemos que garantizar las condiciones necesarias para que el país se recupere de la pandemia de coronavirus y de esta crisis política y social.

Lima Gris, 07-03-2021

Voy a hablar de la esperanza

Difícil sentir en carne propia lo que debe estar sufriendo Ana Estrada Ugarte, la peruana respecto a quien el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través del «procedimiento técnico» de la eutanasia.

De acuerdo a la información publicada por Andina, el juez dispone la inaplicación del artículo 112 del Código Penal vigente, para el caso Ana Estrada; razón por la cual quienes la asistan en su decisión no serán procesados siempre que se practique de manera institucional y sujeta al control de su legalidad y en el tiempo y oportunidad en que lo especifique, en tanto ella no pueda hacerlo por sí misma.

Viene a mi mente el poema de Vallejo titulado «Voy a hablar de la esperanza», en el que refiere un sufrimiento profundo, sin nombre: «Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente…».

El debate sobre la eutanasia requiere un enfoque no sólo jurídico, sino también sociológico y humanista. A través de un pronunciamiento (https://tinyurl.com/jc59m33n), la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su solidaridad con Ana Estrada Ugarte, pero a la vez explicó que la Iglesia, a imitación de Jesús, siempre atenderá, cuidará y acompañará a los enfermos, «en la certeza de que toda vida humana es inalienable y tiene un valor infinito».  

«Comprendemos el sufrimiento que Ana Estrada Ugarte viene atravesando a causa de su enfermedad, nos solidarizamos con ella, le ofrecemos nuestra oración y cercanía para que en medio del dolor y la angustia que le ha tocado vivir, abra su corazón a la fe, a la misericordia y al amor de Dios», señala el documento.

Sin embargo, en otra parte de su pronunciamiento, indica que «la eutanasia siempre será un camino equivocado», porque es atentar contra el derecho inalienable a la vida. Asimismo, recuerda que la Constitución establece con claridad que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es decir, «cuidar, respetar y promover la vida desde la concepción hasta su término natural».

EXPRESO, 01.03.2021

Vacunagate: corrupción política en el Perú

El presidente de la Comisión Sectorial Investigadora de la Aplicación de la Vacuna Candidata contra la covid-19, Fernando Carbone Campoverde, explicó en rueda de prensa que en el margen de las 470 personas que recibieron la inoculación con la vacuna de Sinopharm, según la lista entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 101 personas no formaban parte de los equipos de investigación.

En realidad se trata de un total de 101 funcionarios públicos, sus familiares e invitados que irregularmente y en secreto recibieron el fármaco, entre los cuales aparecen el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, personal del Ministerio de Salud y de la Cancillería, según reveló este jueves veinticinco (25) de febrero la comisión encargada de investigar el llamado ‘Vacunagate’.

En el caso de Vizcarra fue vacunado en octubre pasado en el Palacio de Gobierno, antes de su destitución en noviembre. También debemos señalar que entre los funcionarios que no tenían relación directa con los ensayos clínicos aparecen las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunciaron poco tiempo después del destape del ‘Vacunagate’.

El presidente de la Comisión Sectorial Investigadora, designada por el Ministerio de Salud, refirió que de estas 101 personas 54 se encuentran relacionadas con los ministerios de Salud (49) y de Relaciones Exteriores (5). Además se detectó que irregularmente 18 personas “invitadas” no guardan relación alguna con estas dos carteras ministeriales y otras 29 pertenecen al entorno de los investigadores, pero sin embargo no forman parte de la investigación sobre la vacuna.

Las otras 369 personas que conforman el listado “pertenecen a los equipos de investigadores de las universidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos”, dijo Carbone.

Fernando Carbone quien se desempeñó como ministro de Salud (2002-2003) durante el régimen de Toledo recordó que las funciones de la comisión que presidió realizó la investigación dentro del sector Salud y no implicaba sanciones respecto a la investigación. En consecuencia se establecieron trece (13) recomendaciones en las cuales se exhorta la participación de diversos organismos.

“A ellos les corresponde calificar, identificar la naturaleza de lo obrado y ver si es que no estuvo bien. En ese caso, deberán señalar si hay una sanción”, manifiesta.

Está en claro que Sinopharm envió determinada cantidad de dosis para desarrollar el ensayo clínico de su candidata a vacuna en el Perú. En relación a las 3, 200 dosis de vacunas que ingresaron a territorio nacional fuera de las que se encontraban destinadas a los ensayos, Carbone Campoverde indicó que los responsables de su administración consultaron a los integrantes del equipo si se encontraban dispuestos a recibirlas y varios aceptaron, pero otros no.

Sucedió que 1, 200 de las dosis se entregaron a la Embajada de China en Perú y las restantes 2, 000 vacunas se enviaron a los centros de investigación de las universidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos, que desarrollarían el ensayo clínico con 12, 000 personas voluntarias.

Carbone señaló que entre esos responsables está el investigador principal del ensayo en la universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga, junto a los investigadores patrocinadores del estudio, Javier Bustos y Hugo García, que “conversaron sobre la posibilidad de ofrecer la vacuna en concurso en estudio a otras personas”. Además del investigador principal sanmarquino Eduardo Ticona.

El exministro Carbone confirmó que también hubo comunicación con los representantes del Ministerio de Salud y de Relaciones Exteriores: el asesor de inmunización Carlos Castillo y el director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería Arturo Jarama. A estos representantes se les pidió “que identificaran personas que debían recibir la vacuna” a pesar de no formar parte del equipo de investigación. Se informó que el suministro final del fármaco a esos individuos afecta lo establecido en el reglamento de los ensayos clínicos.

La comisión recomendó poner el informe sobre la aplicación de vacunas a disposición de la Fiscalía de la Nación para que evalúe interponer una denuncia constitucional contra la exministra de Salud –vacunada en su domicilio– por presunto delito en el ejercicio de la función.

Actualmente tanto Mazzetti como Astete y Vizcarra son investigados por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros, a causa del ‘Vacunagate’.

En este contexto de crisis política y social, el Perú es azotado por la segunda ola de coronavirus y el incremento de nuevos casos. La doctora Lely Solari, médica infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), declaró que si la covid-19 entra a una familia, la tasa de contagio es bastante elevada. Por lo tanto debemos asumir que todos los miembros son positivos en la vivienda.

Cuidemos la salud de los peruanos y saludemos el esfuerzo por atender sus necesidades en medio de este escenario crítico y pandémico.

Lima Gris, 28-02-2021

Vacunagate: la nueva «crisis moral» del Perú

El ‘Vacunagate’ ha sumergido al Perú en una profunda crisis moral. La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez Chuquilin, hizo un llamado a que se mantenga la estabilidad en este momento de transición para que se puedan elegir a los gobernantes en las próximas elecciones generales del 11 de abril.

Las declaraciones de Vásquez Chuquilin surgen en medio de la crisis que se vive en el país por el escándalo en el que más de 480 personas, incluidas funcionarios públicos y el expresidente Martín Vizcarra, accedieron a una vacunación irregular y secreta con las dosis de Sinopharm que llegaron al país en el marco de un ensayo clínico patrocinado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

La presidenta del Congreso sostuvo que la inhabilitación política puede ser una sanción posible para funcionarios públicos que han lesionado gravemente el sistema y han mellado la confianza en las instituciones, en medio de la crisis sanitaria por la covid-19.

“Si los funcionarios se prestan para cometer actos tan graves que van en contra de bienes tan fundamentales como la vida y salud de la gente, sí creo que la inhabilitación puede ser una de las medidas que se aplique”, enfatizó.

Cabe indicar que el Ministerio Público anunció que la Fiscalía de la Nación ha incluido en su investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y a la excanciller Elizabeth Astete, en el marco de su vacunación secreta con las dosis del ensayo clínico de Sinopharm.

A través de su cuenta institucional, la Fiscalía de la Nación explicó que la investigación se realiza por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Vásquez Chuquilin cree que es muy importante que se proyecte que no hay intereses políticos detrás de la investigación y que se haga un trabajo objetivo para llegar a la verdad. En su opinión, todo funcionario que haya ejercido un cargo importante y que se le demuestre una responsabilidad tan seria, debería evitarse que siga en la función pública.

La Conferencia Episcopal Peruana ha sido de las últimas instituciones en rechazar el escándalo. La presidencia se pronunció sobre la actual crisis política y social que atraviesa el país debido a la aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus. 

«El Perú, una vez más, es golpeado por el reprochable proceder de algunas autoridades que se han beneficiado egoístamente, dejando de lado los intereses del país, el bien común y su obligación de velar por los más necesitados, los que están en primera línea de lucha contra la pandemia», critica en un comunicado.

Según los obispos, la vacunación irregular de funcionarios públicos «muestra un nuevo rostro del monstruo de la corrupción y de la crisis ética y de valores que impide la auténtica realización de la justicia y el desarrollo del país».

«La indignación que generan estos hechos se agrava porque deja de lado a los que por más de un año vienen sacrificándose en la primera línea enfrentando esta pandemia. No es posible que sigan muriendo médicos, enfermeras, policías, servidores públicos y tantos otros voluntarios, mientras que un grupo insensible busca su propio interés».

La Conferencia Episcopal Peruana exigió que estos hechos «sean debidamente investigados y sancionados para que la impunidad no tenga más espacio entre los peruanos y, por fin, logremos trabajar en unidad y transparencia para vencer esta pandemia».

El pleno del Congreso de la República del Perú aprobó ayer veinte (20) de febrero una moción donde se exhorta a los 130 congresistas a ser sometidos a un peritaje que permita descartar que tengan anticuerpos por haber recibido una vacuna contra el coronavirus de Sinopharm.

Luego de casi cinco horas de debate en la sesión del pleno que se convocó para revisar este tema, se aprobó por 111 votos el documento que presentaron los congresistas Manuel Merino, Otto Guibovich y Ricardo Burga de Acción Popular.

Esta medida también se aplica a los titulares de la Defensoría del Pueblo, la presidencia de la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación, entre otras instituciones, así como todos los ministros y otros altos funcionarios en el cargo a partir de julio de 2020. El objetivo es descartar que los funcionarios públicos se hayan beneficiado de las vacunas contra el coronavirus.

En el escenario de esta crisis política y social, el gobierno peruano ha anunciado que el estado de emergencia sanitaria se extenderá por lo menos hasta el dos (02) de septiembre, según lo publicado en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano a fin de continuar con las acciones de prevención, control y atención de salud para la protección de la población de todo el país.

Lima Gris, 21-02-2021